El proyecto de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo ha alcanzado un hito significativo en el Congreso Nacional. Tras haber obtenido la media sanción inicial en el Senado, el texto fue girado a la Cámara de Diputados, donde recibió la aprobación general. Este paso marcó un punto clave en el proceso legislativo, preparando el camino para su sanción final y entrada en vigencia.
La reforma laboral de 2026, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca transformar el marco jurídico en materia de relaciones laborales. Entre sus principales medidas están: la ampliación del período de prueba a seis meses para la mayoría de los rubros, el ajuste en la gestión de vacaciones y indemnizaciones, y la introducción de un sistema de banco de horas que permite la redistribución de horas laborales. Estas medidas buscan fomentar la formalización laboral y reducir el número de contratos informales.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la modificación en el régimen de vacaciones y indemnizaciones. El nuevo marco establece que las vacaciones deben ser pagadas en el momento de su inicio, y que las indemnizaciones por despidos se calcularán en función de la duración del contrato. Esto busca evitar que los trabajadores se desplacen a otros empleos sin recibir el salario correspondiente.
La propuesta también incluye cambios en el sistema de banco de horas, que permitirá a los trabajadores acumular horas extras que pueden ser utilizadas en otros turnos. Este sistema, aunque inicialmente considerado como una medida flexible, ha generado debates sobre su efectividad en la administración del tiempo laboral. Algunos analistas argumentan que podría crear un desequilibrio en la distribución de las horas, especialmente en entornos con alta rotación laboral.
La ampliación del período de prueba a seis meses se justifica como una herramienta para fomentar la formalización laboral. El objetivo es que los trabajadores se sientan más seguros en su trabajo y, por ende, elijan contratar formalmente. Este cambio, aunque controversial en algunos sectores, podría reducir la tasa de desempleo por falta de formalización.
El proyecto de ley también contempla la creación de un nuevo mecanismo para el cálculo de las indemnizaciones por despidos. En el caso de contratos a tiempo parcial, el sistema se ajustará a un modelo que garantice el pago mínimo de 30 días por cada año de servicio. Esto representa un cambio significativo en la manera en que se manejan las indemnizaciones en el ámbito laboral.
El análisis de la reforma laboral 2026 revela una estrategia clara del gobierno para reducir la informalidad laboral. Aunque el proyecto ha generado una fuerte oposición en algunos sectores, el avance en el Senado y la aprobación en la Cámara de Diputados reflejan un compromiso del Congreso Nacional en el proceso legislativo. La próxima etapa consiste en la sanción final y la entrada en vigencia de la ley, que podría tener un impacto profundo en el mercado laboral argentino.