La comuna de Las Cejas, en Tucumán, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción tras graves acusaciones contra la comisionada Cristina Contreras. Se la denuncia por el supuesto uso de fondos públicos para la construcción de propiedades privadas y por la retención de salarios y beneficios a exempleados.
Denuncia por Construcción con Fondos Públicos
El exsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, presentó una denuncia penal contra Cristina Contreras, su esposo Hugo Alfredo Lazarte (exdelegado) y su hija Florencia Lazarte, acusándolos de malversación de fondos, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La denuncia se basa en la supuesta construcción de una lujosa propiedad en El Cadillal utilizando recursos estatales.
Según Romero, el herrero Carlos Peñalba, quien trabajó en la obra, aportó documentación clave, incluyendo facturas, tickets, remitos y capturas de chats donde Florencia Lazarte consultaba sobre la facturación “en negro” o a nombre de la comuna. Se estima que la construcción del quincho y la pileta de natación involucró cerca de 60 millones de pesos.
Romero también denunció que Peñalba sufrió hostigamiento e intimidaciones tras involucrarse en el caso.
Acusaciones de Retención de Salarios
Además de la denuncia por la construcción en El Cadillal, exempleados de la comuna acusan a Cristina Contreras de retener parte de sus salarios y beneficios. Mónica Risso, una de las denunciantes, afirma que recibía solo una fracción de su sueldo, mientras que la comisionada se quedaba con el resto. Guillermo Medina, ex jefe de Personal, confirmó que los pagos se realizaban en el domicilio de Contreras.
Otro exempleado, Martín Mercedes Medina, denunció que la funcionaria se quedó con un beneficio por Entierro y Luto tras la muerte de su esposa. Los denunciantes aseguran que la maniobra afectó a muchos empleados, quienes temen represalias.
La Respuesta de la Comisionada
Cristina Contreras ha negado las acusaciones y se declara víctima de una persecución. La comuna de Las Cejas se encuentra bajo intervención administrativa mientras la justicia investiga las denuncias.
Este caso recuerda al escándalo "Chocolate" en la Legislatura bonaerense, generando gran indignación entre los vecinos y poniendo en duda la transparencia en la gestión de fondos públicos.