En un contexto económico desafiante, el Gobierno Nacional ha dispuesto un aumento salarial escalonado del 7,5% para el personal militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía de Establecimientos Navales. Esta medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de los Ministerios de Defensa y Economía, publicada en el Boletín Oficial, ha generado debate sobre si se trata de un ajuste necesario o un privilegio en comparación con otros sectores.
Detalles del Aumento
El incremento, que se implementará en tramos mensuales hasta noviembre de 2025, se suma a los ajustes ya aplicados durante el primer semestre del año. Al completarse el último tramo, los sueldos del personal militar habrán acumulado una suba del 20,5% en lo que va del año. La resolución detalla los nuevos importes para el “Haber Mensual” del personal alcanzado por la medida, abarcando los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025.
¿Un Aumento de Privilegio?
Algunos sectores han criticado este aumento, argumentando que supera los márgenes impuestos por el propio Ministerio de Economía para homologar paritarias en otros ámbitos del Estado. Se plantea la cuestión de si este incremento representa un trato preferencial hacia las Fuerzas Armadas en detrimento de otros trabajadores estatales.
Fundamentos del Gobierno
Desde el Gobierno, se argumenta que esta medida busca dar continuidad a la política de recomposición salarial dentro del sector castrense. Se enmarca en un contexto de reordenamiento del gasto público y se fundamenta en las atribuciones establecidas por el Decreto 101/1985 y sus modificaciones, que otorgan a los titulares de Defensa y Economía la facultad de fijar los haberes del personal militar.
El gasto que genere la aplicación de los aumentos será cubierto con los créditos asignados a las subjurisdicciones correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
Implicaciones y Reacciones
Este aumento salarial para las Fuerzas Armadas seguramente generará diversas reacciones en la sociedad. Mientras algunos lo considerarán justo y necesario para mantener el poder adquisitivo del personal militar, otros lo verán como un privilegio injustificado en un contexto de ajuste económico generalizado. El debate sobre la equidad en la distribución de los recursos públicos seguirá siendo un tema central en la agenda política y económica del país.