El Gobierno avanza con la privatización de AySA
El Gobierno ha anunciado el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que provee agua potable y servicios de cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado.
Según Adorni, el esquema de privatización será mixto, combinando una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores. También se contempla la permanencia de los empleados como accionistas, representando el 10% del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
Justificación de la medida
El Gobierno justifica la medida argumentando que AySA ha requerido importantes aportes del Estado desde su estatización en 2006, ascendiendo a 13.400 millones de dólares. Se alega un deterioro en la infraestructura y un aumento significativo de los costos operativos, incluyendo un crecimiento del 90% en la dotación de personal y un aumento en la morosidad de los usuarios.
Adorni también criticó la gestión anterior, señalando gastos excesivos y una asignación discrecional de recursos, especialmente en municipios como Tigre y Malvinas Argentinas.
¿Qué es AySA y por qué es importante?
AySA es una de las operadoras de agua y saneamiento más grandes de América Latina. Su función abarca la captación, potabilización, distribución y tratamiento de efluentes cloacales. Administra más de 27.000 kilómetros de redes de agua potable y desagües cloacales, tres plantas potabilizadoras y 14 plantas depuradoras.
La empresa es crucial para la salud pública, el ambiente y el desarrollo urbano, especialmente en el conurbano bonaerense, donde históricamente ha trabajado para extender la cobertura de servicios básicos.
Implicaciones de la privatización
La privatización de AySA plantea interrogantes sobre el futuro de las tarifas, la calidad del servicio y la inversión en infraestructura. El Gobierno espera que la incorporación de capital privado modernice el sector y mejore la eficiencia. Sin embargo, expertos advierten sobre la necesidad de una regulación estricta para garantizar el acceso universal al agua y evitar aumentos desproporcionados en las tarifas.
- ¿Cómo afectará la privatización a los usuarios de AySA?
- ¿Se mantendrá la inversión en la expansión de la red a zonas vulnerables?
- ¿Qué mecanismos de control se implementarán para asegurar la calidad del servicio?
Estas son algunas de las preguntas que surgen ante este importante anuncio, cuyo impacto se sentirá en millones de hogares.