La decisión de remover al Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC) en Jamaica ha desatado una fuerte controversia política. La propuesta, impulsada por el parlamentario Everald Warmington, fue aprobada por los miembros del gobierno en el Comité Conjunto Selecto del Parlamento que revisa la Ley de la Comisión de Integridad de 2017.
Argumentos a favor y en contra
Warmington argumenta que la presencia del Auditor General en la IC viola la Constitución. Por su parte, el gobierno sostiene que, dado que la IC recibe cerca de 2 mil millones de dólares anuales del Estado, debe ser sometida a una auditoría rigurosa, algo que solo el Departamento del AG puede realizar.
La oposición, liderada por el Partido Nacional del Pueblo (PNP), se opone a la medida. Mark Golding, presidente del PNP, calificó la decisión como un ataque a la arquitectura anticorrupción de Jamaica, recordando que el Auditor General ha sido miembro de los principales organismos de supervisión de la integridad desde la independencia.
Acusaciones de hipocresía
El senador del gobierno, Marlon Morgan, acusó al PNP de hipocresía, afirmando que en 2019 el partido había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad. Esta acusación añade un nuevo nivel de complejidad al debate.
- A favor de la remoción: Argumentos constitucionales y necesidad de auditorías rigurosas.
- En contra de la remoción: Ataque a la lucha anticorrupción y tradición de independencia.
La controversia continúa generando debate en la sociedad jamaiquina, con implicaciones significativas para la transparencia y la rendición de cuentas en el país.