El movimiento social liderado por la Central General del Trabajo (CGT) ha generado un paro nacional masivo en respuesta a la propuesta de reforma laboral que busca afectar significativamente los derechos de los trabajadores en Argentina. Este conflicto, que se desarrolló durante el último mes de febrero de 2026, representa uno de los eventos más relevantes en el ámbito laboral del país en los últimos años. El paro, organizado en coordinación con múltiples organismos sociales y empresariales, refleja una clara postura de resistencia ante las medidas que, según las autoridades, podrían revertir logros históricos en materia de trabajo y justicia laboral.
La central obrera CGT ha declarado públicamente que “no estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas de los trabajadores”. Esta afirmación, respaldada por una adhesión del 90 por ciento en el contexto nacional, indica un compromiso sinónimo de resistencia. El movimiento, que involucra a millones de trabajadores en diversos sectores económicos, busca proteger las normas laborales que han sido históricamente reconocidas como fundamentales para el desarrollo social en el país. Entre las principales preocupaciones, destacan la eliminación de la jornada laboral de 40 horas, el derecho a la negociación colectiva, y el acceso a beneficios sociales como el seguro médico y el seguro jubilatorio.
El impacto económico del paro no puede ser ignorado. Según datos recientes, el movimiento ha generado pérdidas económicas estimadas en aproximadamente USD 489 millones en el primer día de huelga, equivalente al 17,3% de la producción diaria del país. Este número, que se ha vuelto un tema central en los debates sobre la estabilidad económica, refleja la magnitud del desplazamiento que provoca la ausencia de trabajadores en el sector productivo. Además, el análisis realizado por expertos en economía laboral indica que el costo económico podría ser aún mayor en los próximos meses, especialmente en sectores clave como la industria manufactura y el comercio.
El gobierno nacional, por su parte, ha mostrado una postura ambigua frente a la situación. Mientras algunos funcionarios han señalado la necesidad de mantener el diálogo para resolver las tensiones, otros han expresado preocupación sobre la posibilidad de multas contra organizaciones como la UTA y La Fraternidad, que, según fuentes oficiales, han organizado actividades en el marco del paro. Esta falta de claridad en la respuesta gubernamental ha generado un clima de incertidumbre en el ámbito laboral, donde los trabajadores esperan una verdadera participación en la elaboración de las políticas públicas.
El análisis previo a la propuesta de reforma laboral revela que el proyecto, que inicialmente fue presentado como un intento de modernización, ha generado una resistencia histórica por parte de las organizaciones sociales y laborales. La propuesta, que busca reducir el tiempo laboral desde 40 horas a 38 horas, introducir un sistema de horas extras más riguroso y limitar el derecho a la negociación colectiva, ha sido criticada por su falta de transparencia y su impacto en la calidad de vida de