El Senado de la Nación aprobó por mayoría y sobre tablas el proyecto de resolución de autoría del Poder Ejecutivo para dar acuerdo constitucional al nombramiento de 8 nuevos defensores públicos, dependientes del Superior Tribunal de Justicia. Este acuerdo, celebrado en la 4ª Sesión de Prórroga de la Honorable Cámara de Senadores, marca un paso relevante en la fortalecimiento de la función defensora pública en el ámbito nacional. La vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la sesión en el recinto de la Cámara de Senadores, con la presencia de 17 legisladores y quorum reglamentario.
El acto contó con la participación de representantes del Partido Diamante y otros bloques políticos, destacando la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Bandera Nacional fue izada por el senador José Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), simbolizando el compromiso de la institución con la justicia integral.
El nombramiento de defensores públicos se enfoca en la protección de derechos fundamentales y el acceso a la justicia. Estos funcionarios, designados por el Superior Tribunal de Justicia, actúan como intermediarios entre el Estado y las personas en conflictos legales, garantizando que los derechos constitucionales se aplicuen de manera equitativa y efectiva. La institución, creada por la Ley N° 26.215, ha sido clave en la implementación de políticas públicas en temas de justicia social y prevención de conflictos.
El contexto actual de la reforma laboral, que el Gobierno nacional presentó con 28 ajustes y nuevos conceptos, refleja una agenda común en el ámbito legislativo. Este acuerdo en el nombramiento de defensores públicos coincide con los esfuerzos para mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia. La integración de estos funcionarios en el sistema judicial nacional busca reducir el tiempo y costos en procesos legales, promoviendo una justicia más accesible.
Según datos de la Justicia Federal, el 80% de los casos de conflicto en materia de derechos humanos y protección jurídica involucran a defensores públicos. Su labor es crítica en la garantía de que las personas en situación de vulnerabilidad no pierdan el acceso a los recursos legales necesarios. El nombramiento de nuevos defensores públicos representa un paso concreto hacia la inclusión de grupos marginados en el sistema judicial.
La próxima etapa del proceso incluirá la designación de los 8 defensores públicos específicos, con criterios de experiencia y capacidad para abordar casos complejos. El Senado seguirá evaluando la eficacia de la función defensora pública mediante el análisis de casos resueltos y el seguimiento de resultados en el ámbito nacional. La institución ha demostrado ser un instrumento clave en la implementación de políticas públicas relacionadas con la justicia social y la protección de derechos fundamentales.