El Gobierno argentino ha oficializado la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), una medida que genera importantes consecuencias para más de 200.000 afiliados en el ámbito militar y de seguridad. Según el Boletín Oficial publicado el 7 de febrero de 2026, el Estado nacional ha creado dos nuevas entidades autónomas: una dedicada al personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad. Esta acción, que se presenta como una respuesta a deudas millonarias acumuladas por la administración anterior, ha provocado reacciones inmediatas en el sector laboral y en las organizaciones sindicales.
El proceso de disolución, que se materializa en el artículo 22 del decreto nacional 1.550/2026, busca resolver problemas financieros históricos asociados a la administración libertaria. Los datos revelan que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas tenía deudas superiores a 1.000 millones de pesos, generadas principalmente por la falta de gestión eficiente en el ámbito de las obras sociales. Este hecho ha sido destacado por el Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio, que señalan que la medida busca reducir la carga fiscal para el Estado y mejorar la transparencia en el manejo de recursos.
Según información del Sindicato de Trabajadores de la Defensa Nacional (STDN), el desplazamiento de los afiliados a las nuevas entidades autónomas generará una transición de 180 días, durante el cual se ajustarán las condiciones laborales y se garantizará el cumplimiento de los derechos laborales. El sindicato ha expresado preocupación sobre la posibilidad de que algunos afiliados, especialmente aquellos en zonas rurales o en situaciones de vulnerabilidad, enfrenten dificultades para acceder a los beneficios previos.
La decisión del Gobierno ha sido bien recibida por el Ministerio de Defensa, que destaca la necesidad de una reorganización para evitar futuros problemas financieros. Sin embargo, en el ámbito sindical, se han registrado protestas por la falta de claridad sobre cómo se distribuirán las responsabilidades y cuáles serán las garantías para el mantenimiento de los servicios sociales.
El análisis de la situación muestra que la medida, aunque aparentemente beneficiosa para el Estado, presenta riesgos en términos de continuidad de servicios y protección de derechos laborales. Los expertos en políticas públicas advierten que la falta de planificación adecuada podría generar conflictos entre las nuevas entidades, especialmente en temas como el acceso a beneficios médicos y la gestión de emergencias.
La próxima semana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Defensa (SNTD) planea una reunión con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa para discutir los mecanismos de transición y la distribución equitativa de los recursos. Según el informe de la Cámara de Comercio, la medida busca no solo resolver deudas históricas, sino también fortalecer la autonomía de las entidades en el manejo de recursos, lo que podría mejorar la eficiencia a largo plazo.