Tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó la situación como un "terremoto político, histórico y judicial". En declaraciones a la prensa, Kicillof expresó su conmoción ante la noticia y evitó dar precisiones sobre el futuro del calendario electoral bonaerense.
"La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene", señaló Kicillof, remarcando la importancia de analizar las consecuencias de este "cambio de reglas" con el paso del tiempo. El gobernador insistió en que el foco está puesto en acompañar a Cristina Fernández en este momento.
La respuesta de Kicillof y su administración no se limitó a declaraciones públicas. Se activó la maquinaria provincial para respaldar a la expresidenta, instando a la calma y evitando provocaciones. Kicillof encabezó reuniones con funcionarios e intendentes, transmitiendo el mensaje de apoyo y solidaridad hacia Cristina Kirchner. Se priorizó la gestión y se pospusieron actividades políticas programadas, incluyendo viajes al interior de la provincia y eventos del Movimiento Derecho al Futuro.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se pronunció al respecto, calificando el fallo como "persecutorio" y plagado de irregularidades en el debido proceso. La condena e inhabilitación de Cristina Fernández generaron fuertes repercusiones en la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba su candidatura en la Tercera sección electoral.
Repercusiones y Acciones Futuras
La incertidumbre sobre el futuro político inmediato de la provincia es palpable. Kicillof insistió en que aún no puede tomar una posición definitiva, dada la magnitud de la situación. Sin embargo, el mensaje de apoyo a Cristina Fernández y la priorización de la gestión provincial son claros indicativos de la línea de acción que seguirá el gobierno bonaerense.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial, considerando la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores) y las acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).