La localidad de Dexter, Maine, y la serie de televisión "Dexter" están dando que hablar. Por un lado, en Maine, una votación removió a dos miembros de la junta escolar en medio de controversias por conflictos de interés y acusaciones de nepotismo. Por otro, en Massachusetts, la serie "Dexter: New Blood" recibió un subsidio fiscal récord que, según algunos, oculta la realidad de un sector en dificultades.
Remoción en la Junta Escolar de Dexter
Residentes de Dexter, Maine, votaron a favor de remover a Alisha Ames y Judy Saunders de la junta escolar del Distrito Administrativo Escolar 46 (MSAD 46). La campaña de destitución, liderada por el grupo "Stop the Power Trip", acusó a Ames de conflicto de interés por su participación en una cooperativa de educación en el hogar y a Saunders de violar la política de nepotismo del distrito.
Según los demandantes, Ames, pastora y co-propietaria de una cooperativa de homeschooling conectada a Power Source Ministries, compite con MSAD 46 y prioriza los intereses de su grupo. Además, se señaló una solicitud de $80,000 al consejo municipal para mejoras en su preescolar, que fue denegada, seguida de un voto en contra de una subvención de $1.4 millones para la Escuela Técnica Tri-County.
Subsidio Millonario a "Dexter: New Blood" en Massachusetts
En Massachusetts, la serie "Dexter: New Blood" recibió un crédito fiscal de $23 millones, el más alto otorgado por el estado a una serie guionada. Si bien esta cifra es impresionante, algunos trabajadores del sector señalan que podría estar ocultando una desaceleración en la industria cinematográfica y televisiva del estado.
Massachusetts reportó $92.7 millones en créditos fiscales para casi 250 producciones en 2023, el monto más alto desde la pandemia de COVID-19. Sin embargo, existe un desfase entre la solicitud de subsidios y la publicación de los datos, lo que significa que las cifras de 2023 podrían ser aún mayores. La serie "Dexter: New Blood", filmada en Massachusetts en 2021, recibió este crédito fiscal años después de su producción.
Esta situación genera un debate sobre la eficacia y transparencia de los subsidios estatales a la industria del entretenimiento, y si realmente benefician a la economía local a largo plazo.