Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido protagonista de intensos debates tras su comparecencia en el juicio contra el fiscal general del Estado. Su testimonio, lejos de aclarar la situación, ha generado más interrogantes y controversias.
Errores y contradicciones en el testimonio
Rodríguez intentó fundamentar sus argumentos citando una ley inexistente, la “Ley 60/1981”. Este error, lejos de pasar desapercibido, fue rápidamente señalado, generando dudas sobre la veracidad y el rigor de su declaración. Además, negó cualquier filtración desde la Comunidad de Madrid, alegando falta de tiempo para atender a periodistas “de línea izquierdista”.
La defensa del novio de Ayuso y la sombra del 'Lawfare'
Rodríguez defendió fervientemente a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, afirmando que “no es un delincuente” y que simplemente “ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda”. Esta defensa, sin embargo, choca con la realidad de la imputación por delitos contra la Hacienda pública, causa que, según algunos analistas, está intrínsecamente ligada a una “trampa judicial” tendida contra el fiscal general Álvaro García Ortiz.
La insistencia en la inocencia de González Amador, a pesar de las evidencias, alimenta la sospecha de una estrategia de victimización y de señalamiento a la justicia como herramienta de persecución política, lo que algunos denominan 'Lawfare'.
Implicaciones y consecuencias
La actuación de Miguel Ángel Rodríguez en este caso ha puesto en entredicho la credibilidad de la Comunidad de Madrid y ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia. Sus declaraciones, marcadas por errores y contradicciones, no han logrado disipar las dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en este proceso judicial.
El caso sigue abierto y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevas revelaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.