Un escándalo de corrupción sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salpicando directamente al gobierno y generando fuertes controversias. Audios revelados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, destapan una presunta trama de sobornos vinculada a la adquisición de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
Según las explosivas declaraciones de Spagnuolo, Karina Milei, hermana del presidente, habría recibido un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que este esquema ilícito generaba ganancias mensuales que oscilaban entre los 500.000 y 800.000 dólares.
Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a la cercanía de ambos con Spagnuolo y la influencia de la hermana del presidente en la gestión de la ANDIS. La magnitud de las acusaciones ha generado un fuerte revuelo político y social, exigiendo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La oposición ha levantado la voz, exigiendo explicaciones claras y contundentes por parte del gobierno. Se cuestiona la transparencia en la gestión de los fondos destinados a la atención de personas con discapacidad y se exige que se depuren responsabilidades en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
Este escándalo se suma a otras controversias que han rodeado al gobierno en los últimos meses, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en la opinión pública. La sociedad exige transparencia y rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la administración de recursos destinados a los sectores más vulnerables.
¿Qué sigue?
La justicia deberá investigar a fondo las denuncias y determinar si existieron delitos. La transparencia y la celeridad en el proceso serán cruciales para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El gobierno, por su parte, deberá demostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción y tomar medidas concretas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Este caso pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, así como la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial para investigar y sancionar los actos de corrupción, sin importar quiénes sean los involucrados.