Retiros Voluntarios Estatales Bajo Lupa: Economía y Desregulación toman el control
El gobierno nacional ha endurecido los controles sobre los planes de retiros voluntarios en la administración pública y empresas estatales. A través de la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establece que estos programas deberán contar con la aprobación previa de la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependientes de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente.
Esta medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca profundizar la política de “simplificación y reducción del Estado”, implementando medidas para optimizar la estructura estatal y reducir el gasto público. La resolución, firmada por Maximiliano Fariña (mano derecha de Sturzenegger en Transformación del Estado) y Carlos Guberman (Hacienda), busca formalizar los procedimientos para garantizar el correcto funcionamiento y la mejora continua de los procesos administrativos.
Según fuentes del Ministerio de Transformación del Estado, la decisión se debe al impacto presupuestario que generan los programas de retiro voluntario, tanto en costos presentes como en ahorros futuros. Por lo tanto, el diseño de estos planes debe ser trabajado conjuntamente por ambas áreas.
¿Quiénes Deciden?
Los nombres clave detrás de esta nueva regulación son Rodrigo Cabado (Subsecretario de Presupuesto) y María Rosana Reggi (Subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público). Estos funcionarios tendrán la responsabilidad de aprobar los regímenes de retiros voluntarios u otras formas voluntarias de distracto laboral en el sector público.
La medida se produce en un contexto donde la meta de superávit fiscal comprometida con el FMI genera dudas, especialmente considerando el costo de medidas recientes como la eliminación temporal de retenciones. El Gobierno busca, con este doble control, asegurar que los planes de retiro voluntario sean fiscalmente responsables y contribuyan a la reducción del déficit.
La implementación de esta resolución generará sin duda debate y expectativas entre los empleados públicos, quienes verán cómo sus posibilidades de acogerse a retiros voluntarios estarán ahora sujetas a un análisis más exhaustivo por parte de las autoridades económicas y de transformación del Estado.