En un contexto marcado por controversias y acusaciones, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron un proyecto de reforma del Código Penal en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Este anuncio, realizado en medio de fuertes cuestionamientos al gobierno y a figuras clave de su espacio, ha sido interpretado por algunos sectores como una maniobra distractiva.
¿Una estrategia para desviar la atención?
La presentación del proyecto coincide con el creciente escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan presuntos sobornos vinculados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según denuncias, Karina Milei, hermana del presidente, estaría involucrada en un esquema que involucraría comisiones millonarias. A pesar de no haber sido formalmente imputada, su nombre ha sido mencionado en relación con el caso, generando un fuerte impacto mediático.
Además, Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de la polémica por acusaciones de financiamiento ilícito en su campaña presidencial de 2019, supuestamente proveniente de un narcotraficante. La situación de Espert ha generado tensiones internas en el gobierno y ha puesto en duda su candidatura.
Los puntos clave de la reforma penal
El proyecto de reforma del Código Penal impulsado por Milei y Bullrich propone:
- Endurecimiento de las penas para diversos delitos.
- Supresión de beneficios para los delincuentes.
- Obligatoriedad del sistema acusatorio para agilizar los procesos judiciales.
- Baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
- Nuevas figuras delictivas para abordar el crimen organizado transnacional, la violencia digital y el narcotráfico.
El gobierno argumenta que esta reforma es necesaria para combatir la inseguridad y garantizar que los delincuentes cumplan sus condenas de manera efectiva. Sin embargo, críticos señalan que el proyecto podría resultar en un aumento de la población carcelaria y no abordar las causas profundas de la delincuencia.
La iniciativa ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, con opiniones divididas sobre su conveniencia y sus posibles consecuencias. El Congreso de la Nación será el encargado de analizar y debatir el proyecto, en un contexto político y social marcado por la incertidumbre y la polarización.